RESPONSABILIDAD CIVIL Y PENAL DE LOS PERITOS

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RESPONSABILIDAD CIVIL Y PENAL DE LOS PERITOS

Los peritos, en el ejercicio de su actividad pericial no están exentos de una serie de responsabilidades, tanto civiles como penales, y por ello ha de ser conocedores de las mismas para tenerlas en cuenta.

RESONSABILIDAD CIVIL:

La responsabilidad civil es toda obligación de satisfacer, por quien la deba o por otra persona, cualquier pérdida o daño que se hubiera causado a un tercero porque así lo exija la naturaleza de la  convención originaria, se halle determinado por ley, previsto en las estipulaciones de un contrato, o se deduzca de los hechos acaecidos, aunque en la realización de los mismos no hayan intervenido ni culpa ni negligencia del obligado a reparar. La responsabilidad ante el hecho implica el sometimiento a la ley de dicha persona que ha incurrido en un daño.

En este ámbito el perito será responsable de los daños o perjuicios que  su actuación cause a las partes o a los terceros, por la falta de la diligencia que se le  exige en la realización de un peritaje.

En esta responsabilidad se contemplan los supuestos en que los perjuicios sean consecuencia de:

  • La culpa, negligencia o ignorancia inexcusable en el reconocimiento o en el acto de emisión del dictamen
  • Pérdida del objeto confiado para el examen o el deterioro del mismo
  • La realización del reconocimiento sin el debido cuidado
  • La elaboración del dictamen incurriendo en error manifiesto o inexcusable

Para exigirle responsabilidad civil al perito judicial debemos decidir en primer lugar ante qué tipo de responsabilidad civil nos encontramos:

•    Responsabilidad contractual del art. 1.101 C.c., “quedan sujetos a  la indemnización de los daños y perjuicios causados los que en el cumplimiento de sus obligaciones incurriese en dolo, negligencia o morosidad, y los que de cualquier modo contravinieran al tenor de aquéllas”
•    Responsabilidad extracontractual del art. 1.902 C.c. “ el que por acción u omisión causa daño a otro, interviniendo culpa o negligencia, está obligado a reparar el daño causado”

El daño causado, según reza el art. 1.106 C.c., no solo refiere a  la perdida sufrida, sino también a la ganancia que haya dejado de obtener el acreedor, por ello la indemnización se fijará ateniéndose a este precepto.

En el caso del perito judicial la responsabilidad civil del perito se acomoda más bien al régimen de responsabilidad extracontractual ya que con la aceptación del encargo judicial no se genera ningún tipo de relación jurídica entre el perito y las partes, no siendo posible que las partes exijan la reparación del daño causado con base en la celebración de un contrato inexistente.

Pero en el caso del perito privado la relación va a ser contractual, pues para el perito la existencia de un contrato es una garantía en el cumplimiento de ciertos condicionantes necesarios en el proceso, también lo es en el mismo sentido para las partes. Este contrato como veremos más adelante no sólo se puede celebrar con las partes, sino que podemos formalizarlo con el abogado o la entidad mercantil que lo represente, de igual modo la vinculación será idéntica y la responsabilidad civil inexcusable. Puede darse el caso de no existir contrato en este encargo pericial

En todo caso, exista o no una relación contractual, la jurisprudencia dice que la responsabilidad ante un hecho que perjudique a las partes, o a un tercero, no dejará de tenerse en cuenta siempre que esta se pruebe y con ello se de por existente.

La parte perjudicada por esa decisión judicial será la efectivamente dañada por el dictamen pericial y deberá demostrar, primero, la influencia que ha tenido ese dictamen irregularmente ejecutado en la decisión judicial y, segundo, que de esa convicción judicial se ha derivado el perjuicio para él, supuesto en el que dispondrá de una acción de responsabilidad civil o de resarcimiento del daño producido.

 

RESONSABILIDAD PENAL:

El perito en el desempeño de su función puede incurrir en las siguientes conductas constitutivas de infracción penal:

Responsabilidad penal por cohecho “en aquellos casos en que una persona, en provecho propio o de tercero, solicita o recibe, por sí o por persona interpuesta, dádiva o presente, o acepta ofrecimiento o promesa, por realizar un acto injusto o una acción u omisión constitutiva de delito, o por abstenerse de realizar un acto que debiera practicar, todo ello en el ejercicio de su cargo”. Esta conducta delictiva, prevista en los artículos  419 a 421 del C.P. para autoridades y funcionarios públicos, resulta plenamente aplicable a los peritos en la medida que ejercen una función pública, tal y como prevé el art. 422 CP29.

Responsabilidad penal por falso testimonio en el art. 459 C.P. “Las penas de los artículos precedentes se impondrán en su mitad superior a los peritos o intérpretes que faltaren a la verdad maliciosamente en su dictamen o traducción, los cuales serán, además, castigados con la pena de inhabilitación especial para profesión u oficio, empleo o cargo público, por tiempo de seis a doce años”.De esta manera el art. 459 CP extiende la intervención penal por falso testimonio a la prueba pericial. El Código Penal castiga al perito que conscientemente emita dictamen falso. Por otra parte, la ley no distingue a qué clase de procesos debe extenderse esta responsabilidad, por lo que el delito se establece para toda clase de causas.

La aplicación práctica de este precepto supone grandes dificultades porque la detección de la falsedad resulta difícil en muchos casos, al requerir a la vez conocimientos técnicos por parte de los Tribunales que tendrán que saber discernir lo técnico de lo que puede ser valorable u opinable. A su vez, ese dictamen insostenible ha de ser maliciosamente dictado, lo que obliga a considerar la posibilidad de que obedezca simplemente a negligencia, poca capacidad o formación, poca pericia del dictaminador, lo cual, y sin perjuicio de la responsabilidad que se pudiera demandar de la jurisdicción civil, excluye la aplicación del Código Penal, restringido, como en el falso testimonio común, a los dictámenes e interpretaciones conscientemente falsos.

El art. 460 CP recoge una segunda conducta delictiva, y castiga al perito que, sin faltar sustancialmente a la verdad, la altera con reticencias, inexactitudes o silenciando hechos o datos relevantes que fueran conocidos por él, con una pena de multa de seis a doce meses y suspensión de empleo o cargo público, profesión u oficio de seis meses a tres años. En este supuesto es preciso que el perito actúe maliciosamente.

También se contempla  la posibilidad de que la responsabilidad penal se le exija a la parte que presente a los peritos a sabiendas de que van a prestar un dictamen falso, conducta tipificada penalmente en el art. 461 CP y castigada con las mismas penas que para ellos, haciendo especial mención del abogado, procurador, graduado social o representante del Ministerio Fiscal cuando fueren ellos los proponentes de esa prueba emitida con falso testimonio.

Por último, los arts. 558 y 633 CP contemplan las conductas que supongan una alteración del orden público, causando perturbaciones graves o leves al orden en la audiencia de un Tribunal o Juzgado. El perito que lleve a cabo, de palabra o de obra o por escrito, actos que atenten contra la consideración, respeto u obediencia debidos a los Tribunales de Justicia, llegando a perturbar el orden público, será detenido y puesto a disposición del juzgado que deba conocer de la causa.

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