PERITO SOCIAL EN EL ÁMBITO PENAL

EL PERITO SOCIAL EN EL ÁMBITO PENAL

http://www.mitrabajoessocial.com/la-pericia-social-forense-modelos-y-practica-de-una-intervencion-especializada-en-trabajo-social/

El Perito Social:

  • Se incorpora en un contexto judicial relativamente nuevo, la investigación
    Forense
  • Su acción es requerida preferentemente por el Fiscal encargado de investiga lo
    que incluye su presentación en el juicio oral penal
  • Asimismo, puede ser requerido por la defensoría penal pública como prueba
    desde la parte imputada.

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– Las materias que investiga son aquellas asociadas a hechos constitutivos de
delitos asociados a la familia y menores de edad
– Requiere una formación especializada en materia de familia, Maltrato infantil,
abuso sexual, VIF, Ley de Responsabilidad Penal Juvenil.
– Ser capaz de evacuar un informe que permita a un experto de otras áreas a
comprender la dinámica o contexto en que ocurre el delito.
Sustento de la Pericia Social

  • Proceso de Investigación Basado en la Metodología de Trabajo Social.
  • Respaldo en el Método Científico: validez y Confiabilidad.
  • Acción profesional en la Dimensión del Diagnóstico Específico.
  • Se inicia con la aceptación de la solicitud o con la Notificación desde la justicia
    (Penal – Familia).

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1.5. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Aylwin, Nidia: “Un Enfoque Operativo de la Metodología de Trabajo Social”.
Ediciones Hvmanitas, 1982.
Aylwin, Nidia; Solar, M.O.: “Trabajo Social Familiar”. Ediciones Universidad Católica
de Chile, Santiago, 2002.
Carnelutti, F.:“Principios del Proceso Penal”. Ediciones Jurídicas Europa – América,
Buenos Aires, 1971.
Carballeda, Alfredo: “La Intervención en lo Social: Exclusión e Integración en los
Nuevos Escenarios Sociales”. Ediciones Paidós. Buenos Aires, Argentina. 2008.
Cisternas, Iván; Rojas, Paola: “El Informe Pericial Social”. Documento Colegio de
Asistentes Social de Chile. Santiago, 2008.
Delgado, Salazar, R.: “Las Pruebas en el Proceso Penal”. Vadell Hermanos Editores,
Venezuela, 2004.
Echeverría, Rafael.: “Actos del Lenguaje 1(La escucha)”. Editorial Granica, 2007.
Luckman, Berger.: “La Construcción Social de la Realidad”. Editorial Amorrortu,
2006.
Pastén, Cordovez: “Elaboración de Diagnósticos Sociales con la utilización de
técnicas cualitativas”. Edeval. Valparaíso, Chile, 2000.
Pastén, Cordovez: “Metodología de la Investigación Social”. Edeval. Valparaíso,
1993.
Ricoeur, Paul: “Teoría de la Interpretación”. Editorial Siglo XXI., México, 1995.

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definición trabajo social

El trabajo social es una profesión basada en la práctica y una disciplina académica que promueve el cambio y el desarrollo social, la cohesión social, y el fortalecimiento y la liberación de las personas. Los principios de la justicia social, los derechos humanos, la responsabilidad colectiva y el respeto a la diversidad son fundamentales para el trabajo social. Respaldada por las teorías del trabajo social, las ciencias sociales, las humanidades y los conocimientos indígenas, el trabajo social involucra a las personas y las estructuras para hacer frente a desafíos de la vida y aumentar el bienestar.

https://www.cgtrabajosocial.es/DefinicionTrabajoSocial

Social work is a practice-based profession and an academic discipline that promotes social change and development, social cohesion, and the empowerment and liberation of people. Principles of social justice, human rights, collective responsibility and respect for diversities are central to social work.  Underpinned by theories of social work, social sciences, humanities and indigenous knowledge, social work engages people and structures to address life challenges and enhance wellbeing…

https://www.ifsw.org/what-is-social-work/global-definition-of-social-work/

Es la responsabilidad de los trabajadores sociales en todo el mundo defender, enriquecer y hacer realidad los principios y valores reflejados en esta definición. La definición del trabajo social sólo tiene sentido cuando los trabajadores sociales se comprometen activamente a sus valores y visión.

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RESPONSABILIDAD CIVIL Y PENAL DE LOS PERITOS

fuente: http://www.peritajesocial.com/sp/formacion/online-ips-basico.php

RESPONSABILIDAD CIVIL Y PENAL DE LOS PERITOS

Los peritos, en el ejercicio de su actividad pericial no están exentos de una serie de responsabilidades, tanto civiles como penales, y por ello ha de ser conocedores de las mismas para tenerlas en cuenta.

RESONSABILIDAD CIVIL:

La responsabilidad civil es toda obligación de satisfacer, por quien la deba o por otra persona, cualquier pérdida o daño que se hubiera causado a un tercero porque así lo exija la naturaleza de la  convención originaria, se halle determinado por ley, previsto en las estipulaciones de un contrato, o se deduzca de los hechos acaecidos, aunque en la realización de los mismos no hayan intervenido ni culpa ni negligencia del obligado a reparar. La responsabilidad ante el hecho implica el sometimiento a la ley de dicha persona que ha incurrido en un daño.

En este ámbito el perito será responsable de los daños o perjuicios que  su actuación cause a las partes o a los terceros, por la falta de la diligencia que se le  exige en la realización de un peritaje.

En esta responsabilidad se contemplan los supuestos en que los perjuicios sean consecuencia de:

  • La culpa, negligencia o ignorancia inexcusable en el reconocimiento o en el acto de emisión del dictamen
  • Pérdida del objeto confiado para el examen o el deterioro del mismo
  • La realización del reconocimiento sin el debido cuidado
  • La elaboración del dictamen incurriendo en error manifiesto o inexcusable

Para exigirle responsabilidad civil al perito judicial debemos decidir en primer lugar ante qué tipo de responsabilidad civil nos encontramos:

•    Responsabilidad contractual del art. 1.101 C.c., “quedan sujetos a  la indemnización de los daños y perjuicios causados los que en el cumplimiento de sus obligaciones incurriese en dolo, negligencia o morosidad, y los que de cualquier modo contravinieran al tenor de aquéllas”
•    Responsabilidad extracontractual del art. 1.902 C.c. “ el que por acción u omisión causa daño a otro, interviniendo culpa o negligencia, está obligado a reparar el daño causado”

El daño causado, según reza el art. 1.106 C.c., no solo refiere a  la perdida sufrida, sino también a la ganancia que haya dejado de obtener el acreedor, por ello la indemnización se fijará ateniéndose a este precepto.

En el caso del perito judicial la responsabilidad civil del perito se acomoda más bien al régimen de responsabilidad extracontractual ya que con la aceptación del encargo judicial no se genera ningún tipo de relación jurídica entre el perito y las partes, no siendo posible que las partes exijan la reparación del daño causado con base en la celebración de un contrato inexistente.

Pero en el caso del perito privado la relación va a ser contractual, pues para el perito la existencia de un contrato es una garantía en el cumplimiento de ciertos condicionantes necesarios en el proceso, también lo es en el mismo sentido para las partes. Este contrato como veremos más adelante no sólo se puede celebrar con las partes, sino que podemos formalizarlo con el abogado o la entidad mercantil que lo represente, de igual modo la vinculación será idéntica y la responsabilidad civil inexcusable. Puede darse el caso de no existir contrato en este encargo pericial

En todo caso, exista o no una relación contractual, la jurisprudencia dice que la responsabilidad ante un hecho que perjudique a las partes, o a un tercero, no dejará de tenerse en cuenta siempre que esta se pruebe y con ello se de por existente.

La parte perjudicada por esa decisión judicial será la efectivamente dañada por el dictamen pericial y deberá demostrar, primero, la influencia que ha tenido ese dictamen irregularmente ejecutado en la decisión judicial y, segundo, que de esa convicción judicial se ha derivado el perjuicio para él, supuesto en el que dispondrá de una acción de responsabilidad civil o de resarcimiento del daño producido.

 

RESONSABILIDAD PENAL:

El perito en el desempeño de su función puede incurrir en las siguientes conductas constitutivas de infracción penal:

Responsabilidad penal por cohecho “en aquellos casos en que una persona, en provecho propio o de tercero, solicita o recibe, por sí o por persona interpuesta, dádiva o presente, o acepta ofrecimiento o promesa, por realizar un acto injusto o una acción u omisión constitutiva de delito, o por abstenerse de realizar un acto que debiera practicar, todo ello en el ejercicio de su cargo”. Esta conducta delictiva, prevista en los artículos  419 a 421 del C.P. para autoridades y funcionarios públicos, resulta plenamente aplicable a los peritos en la medida que ejercen una función pública, tal y como prevé el art. 422 CP29.

Responsabilidad penal por falso testimonio en el art. 459 C.P. “Las penas de los artículos precedentes se impondrán en su mitad superior a los peritos o intérpretes que faltaren a la verdad maliciosamente en su dictamen o traducción, los cuales serán, además, castigados con la pena de inhabilitación especial para profesión u oficio, empleo o cargo público, por tiempo de seis a doce años”.De esta manera el art. 459 CP extiende la intervención penal por falso testimonio a la prueba pericial. El Código Penal castiga al perito que conscientemente emita dictamen falso. Por otra parte, la ley no distingue a qué clase de procesos debe extenderse esta responsabilidad, por lo que el delito se establece para toda clase de causas.

La aplicación práctica de este precepto supone grandes dificultades porque la detección de la falsedad resulta difícil en muchos casos, al requerir a la vez conocimientos técnicos por parte de los Tribunales que tendrán que saber discernir lo técnico de lo que puede ser valorable u opinable. A su vez, ese dictamen insostenible ha de ser maliciosamente dictado, lo que obliga a considerar la posibilidad de que obedezca simplemente a negligencia, poca capacidad o formación, poca pericia del dictaminador, lo cual, y sin perjuicio de la responsabilidad que se pudiera demandar de la jurisdicción civil, excluye la aplicación del Código Penal, restringido, como en el falso testimonio común, a los dictámenes e interpretaciones conscientemente falsos.

El art. 460 CP recoge una segunda conducta delictiva, y castiga al perito que, sin faltar sustancialmente a la verdad, la altera con reticencias, inexactitudes o silenciando hechos o datos relevantes que fueran conocidos por él, con una pena de multa de seis a doce meses y suspensión de empleo o cargo público, profesión u oficio de seis meses a tres años. En este supuesto es preciso que el perito actúe maliciosamente.

También se contempla  la posibilidad de que la responsabilidad penal se le exija a la parte que presente a los peritos a sabiendas de que van a prestar un dictamen falso, conducta tipificada penalmente en el art. 461 CP y castigada con las mismas penas que para ellos, haciendo especial mención del abogado, procurador, graduado social o representante del Ministerio Fiscal cuando fueren ellos los proponentes de esa prueba emitida con falso testimonio.

Por último, los arts. 558 y 633 CP contemplan las conductas que supongan una alteración del orden público, causando perturbaciones graves o leves al orden en la audiencia de un Tribunal o Juzgado. El perito que lleve a cabo, de palabra o de obra o por escrito, actos que atenten contra la consideración, respeto u obediencia debidos a los Tribunales de Justicia, llegando a perturbar el orden público, será detenido y puesto a disposición del juzgado que deba conocer de la causa.

http://www.peritajesocial.com/sp/formacion/online-ips-basico.php

 

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Ley 4/2015, de 27 de abril, del Estatuto de la víctima del delito.

El presente Estatuto de la Víctima del Delito tiene la vocación de ser el catálogo general de los derechos, procesales y extraprocesales, de todas las víctimas de delitos, no obstante las remisiones a normativa especial en materia de víctimas con especiales necesidades o con especial vulnerabilidad. Es por ello una obligación que, cuando se trate de menores, el interés superior del menor actúe a modo de guía para cualquier medida y decisión que se tome en relación a un menor víctima de un delito durante el proceso penal. En este sentido, la adopción de las medidas de protección del Título III, y especialmente la no adopción de las mismas, deben estar fundamentadas en el interés superior del menor.

Se parte de un concepto amplio de víctima, por cualquier delito y cualquiera que sea la naturaleza del perjuicio físico, moral o material que se le haya irrogado. Comprende a la víctima directa, pero también a víctimas indirectas, como familiares o asimilados.

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-4606

Derechos básicos


Artículo 4. Derecho a entender y ser entendida.

Toda víctima tiene el derecho a entender y ser entendida en cualquier actuación que deba llevarse a cabo desde la interposición de una denuncia y durante el proceso penal, incluida la información previa a la interposición de una denuncia.

A tal fin:

a) Todas las comunicaciones con las víctimas, orales o escritas, se harán en un lenguaje claro, sencillo y accesible, de un modo que tenga en cuenta sus características personales y, especialmente, las necesidades de las personas con discapacidad sensorial, intelectual o mental o su minoría de edad. Si la víctima fuera menor o tuviera la capacidad judicialmente modificada, las comunicaciones se harán a su representante o a la persona que le asista.

b) Se facilitará a la víctima, desde su primer contacto con las autoridades o con las Oficinas de Asistencia a las Víctimas, la asistencia o apoyos necesarios para que pueda hacerse entender ante ellas, lo que incluirá la interpretación en las lenguas de signos reconocidas legalmente y los medios de apoyo a la comunicación oral de personas sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas.

c) La víctima podrá estar acompañada de una persona de su elección desde el primer contacto con las autoridades y funcionarios.


Artículo 5. Derecho a la información desde el primer contacto con las autoridades competentes.

1. Toda víctima tiene derecho, desde el primer contacto con las autoridades y funcionarios, incluyendo el momento previo a la presentación de la denuncia, a recibir, sin retrasos innecesarios, información adaptada a sus circunstancias y condiciones personales y a la naturaleza del delito cometido y de los daños y perjuicios sufridos, sobre los siguientes extremos:

a) Medidas de asistencia y apoyo disponibles, sean médicas, psicológicas o materiales, y procedimiento para obtenerlas. Dentro de estas últimas se incluirá, cuando resulte oportuno, información sobre las posibilidades de obtener un alojamiento alternativo.

b) Derecho a denunciar y, en su caso, el procedimiento para interponer la denuncia y derecho a facilitar elementos de prueba a las autoridades encargadas de la investigación.

c) Procedimiento para obtener asesoramiento y defensa jurídica y, en su caso, condiciones en las que pueda obtenerse gratuitamente.

d) Posibilidad de solicitar medidas de protección y, en su caso, procedimiento para hacerlo.

e) Indemnizaciones a las que pueda tener derecho y, en su caso, procedimiento para reclamarlas.

f) Servicios de interpretación y traducción disponibles.

g) Ayudas y servicios auxiliares para la comunicación disponibles.

h) Procedimiento por medio del cual la víctima pueda ejercer sus derechos en el caso de que resida fuera de España.

i) Recursos que puede interponer contra las resoluciones que considere contrarias a sus derechos.

j) Datos de contacto de la autoridad encargada de la tramitación del procedimiento y cauces para comunicarse con ella.

k) Servicios de justicia restaurativa disponibles, en los casos en que sea legalmente posible.

l) Supuestos en los que pueda obtener el reembolso de los gastos judiciales y, en su caso, procedimiento para reclamarlo.

m) Derecho a efectuar una solicitud para ser notificada de las resoluciones a las que se refiere el artículo 7. A estos efectos, la víctima designará en su solicitud una dirección de correo electrónico y, en su defecto, una dirección postal o domicilio, al que serán remitidas las comunicaciones y notificaciones por la autoridad.

2. Esta información será actualizada en cada fase del procedimiento, para garantizar a la víctima la posibilidad de ejercer sus derechos.


Artículo 6. Derechos de la víctima como denunciante.

Toda víctima tiene, en el momento de presentar su denuncia, los siguientes derechos:

a) A obtener una copia de la denuncia, debidamente certificada.

b) A la asistencia lingüística gratuita y a la traducción escrita de la copia de la denuncia presentada, cuando no entienda o no hable ninguna de las lenguas que tengan carácter oficial en el lugar en el que se presenta la denuncia.


Artículo 7. Derecho a recibir información sobre la causa penal.

1. Toda víctima que haya realizado la solicitud a la que se refiere el apartado m) del artículo 5.1, será informada sin retrasos innecesarios de la fecha, hora y lugar del juicio, así como del contenido de la acusación dirigida contra el infractor, y se le notificarán las siguientes resoluciones:

a) La resolución por la que se acuerde no iniciar el procedimiento penal.

b) La sentencia que ponga fin al procedimiento.

c) Las resoluciones que acuerden la prisión o la posterior puesta en libertad del infractor, así como la posible fuga del mismo.

d) Las resoluciones que acuerden la adopción de medidas cautelares personales o que modifiquen las ya acordadas, cuando hubieran tenido por objeto garantizar la seguridad de la víctima.

e) Las resoluciones o decisiones de cualquier autoridad judicial o penitenciaria que afecten a sujetos condenados por delitos cometidos con violencia o intimidación y que supongan un riesgo para la seguridad de la víctima. En estos casos y a estos efectos, la Administración penitenciaria comunicará inmediatamente a la autoridad judicial la resolución adoptada para su notificación a la víctima afectada.

f) Las resoluciones a que se refiere el artículo 13.

Estas comunicaciones incluirán, al menos, la parte dispositiva de la resolución y un breve resumen del fundamento de la misma, y serán remitidas a su dirección de correo electrónico. Excepcionalmente, si la víctima no dispusiera de una dirección de correo electrónico, se remitirán por correo ordinario a la dirección que hubiera facilitado. En el caso de ciudadanos residentes fuera de la Unión Europea, si no se dispusiera de una dirección de correo electrónico o postal en la que realizar la comunicación, se remitirá a la oficina diplomática o consular española en el país de residencia para que la publique.

Si la víctima se hubiera personado formalmente en el procedimiento, las resoluciones serán notificadas a su procurador y serán comunicadas a la víctima en la dirección de correo electrónico que haya facilitado, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado siguiente.

2. Las víctimas podrán manifestar en cualquier momento su deseo de no ser informadas de las resoluciones a las que se refiere este artículo, quedando sin efecto la solicitud realizada.

3. Cuando se trate de víctimas de delitos de violencia de género, les serán notificadas las resoluciones a las que se refieren las letras c) y d) del apartado 1, sin necesidad de que la víctima lo solicite, salvo en aquellos casos en los que manifieste su deseo de no recibir dichas notificaciones.

4. Asimismo, se le facilitará, cuando lo solicite, información relativa a la situación en que se encuentra el procedimiento, salvo que ello pudiera perjudicar el correcto desarrollo de la causa.


Artículo 8. Período de reflexión en garantía de los derechos de la víctima.

1. Los Abogados y Procuradores no podrán dirigirse a las víctimas directas o indirectas de catástrofes, calamidades públicas u otros sucesos que hubieran producido un número elevado de víctimas que cumplan los requisitos que se determinen reglamentariamente y que puedan constituir delito, para ofrecerles sus servicios profesionales hasta transcurridos 45 días desde el hecho.

Esta prohibición quedará sin efecto en el caso de que la prestación de estos servicios profesionales haya sido solicitada expresamente por la víctima.

2. El incumplimiento de esta prohibición dará lugar a responsabilidad disciplinaria por infracción muy grave, sin perjuicio de las demás responsabilidades que procedan.


Artículo 9. Derecho a la traducción e interpretación.

1. Toda víctima que no hable o no entienda el castellano o la lengua oficial que se utilice en la actuación de que se trate tendrá derecho:

a) A ser asistida gratuitamente por un intérprete que hable una lengua que comprenda cuando se le reciba declaración en la fase de investigación por el Juez, el Fiscal o funcionarios de policía, o cuando intervenga como testigo en el juicio o en cualquier otra vista oral.

Este derecho será también aplicable a las personas con limitaciones auditivas o de expresión oral.

b) A la traducción gratuita de las resoluciones a las que se refieren el apartado 1 del artículo 7 y el artículo 12. La traducción incluirá un breve resumen del fundamento de la resolución adoptada, cuando la víctima así lo haya solicitado.

c) A la traducción gratuita de aquella información que resulte esencial para el ejercicio de los derechos a que se refiere el Título II. Las víctimas podrán presentar una solicitud motivada para que se considere esencial un documento.

d) A ser informada, en una lengua que comprenda, de la fecha, hora y lugar de celebración del juicio.

2. La asistencia de intérprete se podrá prestar por medio de videoconferencia o cualquier medio de telecomunicación, salvo que el Juez o Tribunal, de oficio o a instancia de parte, acuerde la presencia física del intérprete para salvaguardar los derechos de la víctima.

3. Excepcionalmente, la traducción escrita de documentos podrá ser sustituida por un resumen oral de su contenido en una lengua que comprenda, cuando de este modo también se garantice suficientemente la equidad del proceso.

4. Cuando se trate de actuaciones policiales, la decisión de no facilitar interpretación o traducción a la víctima podrá ser recurrida ante el Juez de instrucción. Este recurso se entenderá interpuesto cuando la persona afectada por la decisión hubiera expresado su disconformidad en el momento de la denegación.

5. La decisión judicial de no facilitar interpretación o traducción a la víctima podrá ser recurrida en apelación.


Artículo 10. Derecho de acceso a los servicios de asistencia y apoyo.

Toda víctima tiene derecho a acceder, de forma gratuita y confidencial, en los términos que reglamentariamente se determine, a los servicios de asistencia y apoyo facilitados por las Administraciones públicas, así como a los que presten las Oficinas de Asistencia a las Víctimas. Este derecho podrá extenderse a los familiares de la víctima, en los términos que asimismo se establezcan reglamentariamente, cuando se trate de delitos que hayan causado perjuicios de especial gravedad.

Las autoridades o funcionarios que entren en contacto con las víctimas deberán derivarlas a las Oficinas de Asistencia a las Víctimas cuando resulte necesario en atención a la gravedad del delito o en aquellos casos en los que la víctima lo solicite.

Los hijos menores y los menores sujetos a tutela, guarda y custodia de las mujeres víctimas de violencia de género o de personas víctimas de violencia doméstica tendrán derecho a las medidas de asistencia y protección previstas en los Títulos I y III de esta Ley.

 

ASPECTOS PRÁCTICOS DEL ESTATUTO DE LA VÍCTIMA … – Fiscal.es

ASPECTOS PRÁCTICOS DEL ESTATUTO DE LA VÍCTIMA DEL DELITO, EN EL PROCESO PENAL (FASE DE INSTRUCCIÓN).
María Antonia Coscollola Feixa
Magistrada del Juzgado de Instrucción número 24 de Barcelona Actividad Formativa
El Estatuto de la Víctima. Referencia a desaparecidos
Fecha de celebración
20/04/17 hasta 21/04/17

https://www.fiscal.es/fiscal/PA_WebApp_SGNTJ_NFIS/descarga/Ponencia%20Coscollola%20Feixa%20M.%20Antonia%20doc.pdf?idFile=62a9963e-bda2-4448-8599-d6d88b86108b

Ley 4/2015, deja subsistente la normativa especial ya existente en esta materia, cuyos destinatarios verían, no obstante, ampliada su asistencia y protección con el catálogo general de derechos de la víctima. Nos referimos concretamente a las siguientes leyes:

  • -la Ley 35/1995, de 11 de diciembre, de ayudas y asistencia a las víctimas de delitos violentos y contra la libertad sexual,
  • -la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor,
  • -la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección
    Integral contra la Violencia de Género, y
  • -la Ley 29/2011, de 22 de septiembre, de Reconocimiento y Protección
    Integral a las Víctimas del Terrorismo.
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Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género.

#Viogen

Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género.

 Objeto de la Ley.

1. La presente Ley tiene por objeto actuar contra la violencia que, como manifestación de la discriminación, la situación de desigualdad y las relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres, se ejerce sobre éstas por parte de quienes sean o hayan sido sus cónyuges o de quienes estén o hayan estado ligados a ellas por relaciones similares de afectividad, aun sin convivencia.

2. Por esta ley se establecen medidas de protección integral cuya finalidad es prevenir, sancionar y erradicar esta violencia y prestar asistencia a las mujeres, a sus hijos menores y a los menores sujetos a su tutela, o guarda y custodia, víctimas de esta violencia.

3. La violencia de género a que se refiere la presente Ley comprende todo acto de violencia física y psicológica, incluidas las agresiones a la libertad sexual, las amenazas, las coacciones o la privación arbitraria de libertad.

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2004-21760

 

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Procesos de Incapacidad Temporal según la legislación vigente en materia de Seguridad Social

la actuación del trabajador en procesos de Incapacidad Temporal según la legislación vigente en materia de Seguridad Social

Real Decreto 625/2014, de 18 de julio y Orden ESS/1187/2015, de 15 de junio

Actuación del trabajador

Parte médico de baja

El trabajador recibe dos copias del parte de baja: una para su constancia y otra para presentar en la empresa -el ejemplar destinado a ella- dentro del plazo de tres días, contados a partir de la fecha de expedición del parte.

Los días se consideran hábiles y el cómputo se efectúa a partir del día siguiente al de su expedición.

Parte de confirmación de la baja

El trabajador recibe dos copias del parte de confirmación de la baja: una para su constancia y otra para presentar en la empresa -el ejemplar destinada a ella- dentro del plazo de tres días contados a partir de la fecha de expedición del parte.

Los días se consideran hábiles y el cómputo se efectúa a partir del día siguiente al de su expedición.

Si se ha extinguido la relación laboral, el trabajador debe presentar el parte de confirmación directamente ante la entidad gestora o Mutua (o empresa si es colaboradora voluntaria) en el plazo fijado para la empresa, es decir, dentro de los tres días de su recepción que se contarán desde que se lo entrega el médico.

Parte médico de alta

El trabajador recibe dos copias del parte médico de alta: una para su constancia y otra para presentarla en la empresa dentro de las veinticuatro horas siguientes.

Si se ha extinguido la relación laboral, el trabajador debe presentar el parte de  alta  directamente  en  la  Mutua   o entidad   gestora (o  empresa  si es colaboradora voluntaria) en el plazo fijado para la empresa, es decir, dentro de las veinticuatro horas de su recepción.

Procesos de duración muy corta.

El trabajador presentará a la empresa la copia del parte de baja/alta destinada a ella dentro de las 24 horas siguientes a la fecha del alta. Excepcionalmente, si el facultativo emite el primer parte de confirmación porque considere que el trabajador no ha recuperado su capacidad laboral, el trabajador lo presentará a la empresa dentro de las 24 horas siguientes a su expedición, junto con el parte de baja inicial.

No obstante, si la relación laboral finaliza durante la situación de incapacidad temporal, a partir de ese momento el trabajador habrá de presentar la copia de los partes de confirmación y de alta destinada a la empresa, a la entidad gestora o mutua que cubra la prestación económica de incapacidad temporal, en los mismos plazos indicados en el párrafo anterior.

Procesos de IT en pago directo

En los procesos de incapacidad temporal en los que proceda el pago directo del subsidio por la entidad gestora o colaboradora, corresponderá a los interesados presentar ante la misma los partes médicos de baja/alta o de confirmación, utilizando para ello la copia destinada a la empresa.

Incumplimiento de estas obligaciones.

Se considera infracción leve el no facilitar a la entidad correspondiente o a la empresa, cuando le sean requeridos, los datos necesarios para su afiliación o su alta en la Seguridad Social y, en su caso, las alteraciones que en ellos se produjeran, los de la situación de pluriempleo, y, en general, el incumplimiento de los deberes de carácter informativo. (Ley sobre Infracciones y Sanciones del Orden Social aprobada por Real Decreto Legislativo nº 5 /2000 del 4 de agosto).

Real Decreto 625/2014, de 18 de julio y Orden ESS/1187/2015, de 15 de junio

http://www.seg-social.es/wps/portal/wss/internet/Trabajadores/PrestacionesPensionesTrabajadores/10952/28362/28375#208838-plegable

 

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Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de Riesgos Laborales.

El artículo 40.2 de la Constitución Española encomienda a los poderes públicos, como uno de los principios rectores de la política social y económica, velar por la seguridad e higiene en el trabajo.

 

La presente Ley tiene por objeto la determinación del cuerpo básico de garantías y responsabilidades preciso para establecer un adecuado nivel de protección de la salud de los trabajadores frente a los riesgos derivados de las condiciones de trabajo, y ello en el marco de una política coherente, coordinada y eficaz de prevención de los riesgos laborales.

A partir del reconocimiento del derecho de los trabajadores en el ámbito laboral a la protección de su salud e integridad, la Ley establece las diversas obligaciones que, en el ámbito indicado, garantizarán este derecho, así como las actuaciones de las Administraciones públicas que puedan incidir positivamente en la consecución de dicho objetivo.

https://www.boe.es/eli/es/l/1995/11/08/31

Objeto y carácter de la norma.

1. La presente Ley tiene por objeto promover la seguridad y la salud de los trabajadores mediante la aplicación de medidas y el desarrollo de las actividades necesarias para la prevención de riesgos derivados del trabajo.

A tales efectos, esta Ley establece los principios generales relativos a la prevención de los riesgos profesionales para la protección de la seguridad y de la salud, la eliminación o disminución de los riesgos derivados del trabajo, la información, la consulta, la participación equilibrada y la formación de los trabajadores en materia preventiva, en los términos señalados en la presente disposición.

Para el cumplimiento de dichos fines, la presente Ley regula las actuaciones a desarrollar por las Administraciones públicas, así como por los empresarios, los trabajadores y sus respectivas organizaciones representativas.

2. Las disposiciones de carácter laboral contenidas en esta Ley y en sus normas reglamentarias tendrán en todo caso el carácter de Derecho necesario mínimo indisponible, pudiendo ser mejoradas y desarrolladas en los convenios colectivos.

Definiciones.

A efectos de la presente Ley y de las normas que la desarrollen:

1.º Se entenderá por «prevención» el conjunto de actividades o medidas adoptadas o previstas en todas las fases de actividad de la empresa con el fin de evitar o disminuir los riesgos derivados del trabajo.

2.º Se entenderá como «riesgo laboral» la posibilidad de que un trabajador sufra un determinado daño derivado del trabajo. Para calificar un riesgo desde el punto de vista de su gravedad, se valorarán conjuntamente la probabilidad de que se produzca el daño y la severidad del mismo.

3.º Se considerarán como «daños derivados del trabajo» las enfermedades, patologías o lesiones sufridas con motivo u ocasión del trabajo.

4.º Se entenderá como «riesgo laboral grave e inminente» aquel que resulte probable racionalmente que se materialice en un futuro inmediato y pueda suponer un daño grave para la salud de los trabajadores.

En el caso de exposición a agentes susceptibles de causar daños graves a la salud de los trabajadores, se considerará que existe un riesgo grave e inminente cuando sea probable racionalmente que se materialice en un futuro inmediato una exposición a dichos agentes de la que puedan derivarse daños graves para la salud, aun cuando éstos no se manifiesten de forma inmediata.

5.º Se entenderán como procesos, actividades, operaciones, equipos o productos «potencialmente peligrosos» aquellos que, en ausencia de medidas preventivas específicas, originen riesgos para la seguridad y la salud de los trabajadores que los desarrollan o utilizan.

6.º Se entenderá como «equipo de trabajo» cualquier máquina, aparato, instrumento o instalación utilizada en el trabajo.

7.º Se entenderá como «condición de trabajo» cualquier característica del mismo que pueda tener una influencia significativa en la generación de riesgos para la seguridad y la salud del trabajador. Quedan específicamente incluidas en esta definición:

a) Las características generales de los locales, instalaciones, equipos, productos y demás útiles existentes en el centro de trabajo.

b) La naturaleza de los agentes físicos, químicos y biológicos presentes en el ambiente de trabajo y sus correspondientes intensidades, concentraciones o niveles de presencia.

c) Los procedimientos para la utilización de los agentes citados anteriormente que influyan en la generación de los riesgos mencionados.

d) Todas aquellas otras características del trabajo, incluidas las relativas a su organización y ordenación, que influyan en la magnitud de los riesgos a que esté expuesto el trabajador.

8.º Se entenderá por «equipo de protección individual» cualquier equipo destinado a ser llevado o sujetado por el trabajador para que le proteja de uno o varios riesgos que puedan amenazar su seguridad o su salud en el trabajo, así como cualquier complemento o accesorio destinado a tal fin.

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I PLA D’IGUALTAT DE L’ADMINISTRACIÓ DE JUSTÍCIA DE LA COMUNITAT VALENCIANA

RESOLUCIÓN de 20 de abril de 2018, de la directora general de Justicia, por la que se ordena la publicación del I Plan de igualdad de Justicia. [2018/4041]

http://www.dogv.gva.es/datos/2018/04/27/pdf/2018_4041.pdf

OBJETIVO GENERAL Y OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Responder en particular a un objetivo fundamental:
Alcanzar la plena igualdad de trato y oportunidades de entre mujeres y hombres, así como la remoción de cualquier tipo de discriminación que pueda existir en el ámbito laboral y profesional de las empleadas y empleados públicos del Ministerio de Justicia transferido a la Generalitat Valenciana.

Objetivos específicos:

  1. Incorporar en la gestión de recursos humanos, así como en los procedimientos y actuaciones de la Administración de Justicia el principio de igualdad.
  2. Promover la presencia equilibrada de mujeres y hombres en órganos y mesas de negociación colectiva, así como en los diferentes órganos colegiados de participación y representación .
  3. Promover la igualdad entre hombres y mujeres en el acceso a la ocupación pública y en la promoción y carrera profesional y fomentar la paridad en la distribución por sexos en los cuerpos de la Administración de Justicia.
  4. Facilitar la conciliación de la vida personal, familiar y laboral, eliminando los obstáculos que impiden la participación plena de los funcionarios y funcionarias de los cuerpos al servicio de la Administración de Justicia .
  5. Fomentar la formación en igualdad y en prevención de violencia de género, tanto en el acceso al empleo público como a lo largo de la carrera profesional.
  6. Detectar, combatir y erradicar de forma prioritaria las situaciones de especial protección, referidas a la violencia de género y al acoso sexual y acoso por razón de género, orientación sexual e identidad de género, proporcionando protección efectiva.
  7. Fomentar la comunicación en igualdad, mediante lenguaje no sexista e inclusivo, en el ámbito interno y con la ciudadanía.
  8. Promocionar la salud laboral desde una perspectiva de género en el ámbito del presente plan.
    9.‐ Se impulsarán medidas para garantizar la ausencia de discriminación retributiva por razón de sexo, especialmente la derivada de la maternidad.
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Ley 39/2015

Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-10565&p=20151002&tn=1

La Ley se estructura en 133 artículos, distribuidos en siete títulos, cinco disposiciones adicionales, cinco disposiciones transitorias, una disposición derogatoria y siete disposiciones finales.

Objeto de la Ley.

1. La presente Ley tiene por objeto regular los requisitos de validez y eficacia de los actos administrativos, el procedimiento administrativo común a todas las Administraciones Públicas, incluyendo el sancionador y el de reclamación de responsabilidad de las Administraciones Públicas, así como los principios a los que se ha de ajustar el ejercicio de la iniciativa legislativa y la potestad reglamentaria.

2. Solo mediante ley, cuando resulte eficaz, proporcionado y necesario para la consecución de los fines propios del procedimiento, y de manera motivada, podrán incluirse trámites adicionales o distintos a los contemplados en esta Ley. Reglamentariamente podrán establecerse especialidades del procedimiento referidas a los órganos competentes, plazos propios del concreto procedimiento por razón de la materia, formas de iniciación y terminación, publicación e informes a recabar.

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-10565&p=20151002&tn=1

Ámbito subjetivo de aplicación.

1. La presente Ley se aplica al sector público, que comprende:

a) La Administración General del Estado.

b) Las Administraciones de las Comunidades Autónomas.

c) Las Entidades que integran la Administración Local.

d) El sector público institucional.

2. El sector público institucional se integra por:

a) Cualesquiera organismos públicos y entidades de derecho público vinculados o dependientes de las Administraciones Públicas.

b) Las entidades de derecho privado vinculadas o dependientes de las Administraciones Públicas, que quedarán sujetas a lo dispuesto en las normas de esta Ley que específicamente se refieran a las mismas, y en todo caso, cuando ejerzan potestades administrativas.

c) Las Universidades públicas, que se regirán por su normativa específica y supletoriamente por las previsiones de esta Ley.

3. Tienen la consideración de Administraciones Públicas la Administración General del Estado, las Administraciones de las Comunidades Autónomas, las Entidades que integran la Administración Local, así como los organismos públicos y entidades de derecho público previstos en la letra a) del apartado 2 anterior.

4. Las Corporaciones de Derecho Público se regirán por su normativa específica en el ejercicio de las funciones públicas que les hayan sido atribuidas por Ley o delegadas por una Administración Pública, y supletoriamente por la presente Ley.

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II Plan de igualdad de mujeres y hombres de la Administración de la Generalitat 2016-2018 C. Valenciana

Artículo 14 de la Constitución Española que establece la igualdad de
todos los españoles ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por
razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o
circunstancia personal o social, así como del artículo 9.2 que consagra la obligación
de los poderes públicos de promover las condiciones para que la igualdad de todos
los seres humanos y de los grupos en los que se integran sean reales y efectivas

II Plan de igualdad de mujeres y hombres de la Administración de la Generalitat 2016-2018.

http://pf.gva.es/04_GOBERNANZA/pdf/GOBERNANZA_IGUALDAD_c.pdf

Este II Plan de igualdad tiene como objetivo general alcanzar la igualdad efectiva en el empleo público mediante la promoción, el fortalecimiento y el desarrollo de la plena igualdad de trato y de oportunidades de mujeres y hombres y la eliminación de toda discriminación, directa o indirecta, por razón de sexo en el ámbito de la Administración de la Generalitat. Para ello el Plan define diez objetivos específicos y medidas concretas dirigidas a la consecución del objetivo general.

Dichas medidas intervienen fundamentalmente en los siguientes aspectos:

1. Dinamizar el funcionamiento de las Unidades de Igualdad de las Consellerias como órganos competentes y responsables de su aplicación al personal adscrito a las mismas.
2. Promover la presencia equilibrada de mujeres y hombres en los diferentes órganos colegiados de participación y representación.
3. Promover la igualdad en el acceso al empleo público y en la promoción y carrera vertical profesional de la mujer, fomentando la paridad en la distribución por sexos de grupos y subgrupos profesionales, categorías y colectivos de la Administración de la Generalitat.
4. Eliminar los obstáculos que impiden la participación plena de las mujeres en todos los ámbitos y niveles de la Administración facilitando la conciliación de mujeres y hombres.
5. Fomentar la formación en igualdad del personal a lo largo de la carrera profesional, en especial de quienes ocupen puestos directivos y órganos de selección, para hacer efectivo el principio de igualdad de forma transversal.
6. Conocer en profundidad y corregir las causas que provocan la desigualdad salarial.

7. Atender las situaciones de especial protección referidas a la violencia de género y al acoso sexual y por razón de sexo, orientación sexual e identidad de género.
8. Fomentar la comunicación en igualdad mediante un lenguaje no sexista e inclusivo, tanto en el ámbito interno como hacia la ciudadanía.
9. Promocionar la salud laboral de las empleadas públicas desde una perspectiva de género.
10. Fomentar la evaluación periódica de la efectividad del principio de igualdad en sus respectivos ámbitos de actuación.

 

ACUERDO de 10 de marzo de 2017, del Consell, de aprobación del II Plan de igualdad de mujeres y hombres de la Administración de la Generalitat

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Unidades de Valoración Forenses Integral

Funciones de las unidades de valoración forense integral

Las Unidades de Valoración Forenses Integral, en sus respectivos ámbitos de actuación, serán las encargadas de efectuar e informar, a requerimiento de los órganos judiciales y/o del Ministerio Fiscal con competencia en violencia sobre la mujer, las siguientes actuaciones:

a) Valoración integral de los efectos de la violencia física, psíquica y sexual en las mujeres víctimas de violencia de género.
b) Valoración de los efectos de la exposición a la violencia y de las agresiones sufridas por los hijos y las hijas y menores a su cargo.
c) Valoración de la incidencia, la peligrosidad objetiva, y el riesgo de reincidencia del agresor.
d) Valoración relativa a los procedimientos civiles que afecten a las víctimas de violencia de género contemplados en la legislación vigente.
e) Cualquiera otras funciones que determine la Jefatura del Servicio de Clínica o en su defecto la Dirección del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de la provincia a que pertenezca.

fuente: Conselleria de Justicia, Administración Pública, Reformas Democráticas y Libertades Públicas

RESOLUCIÓN de 25 de enero de 2019, de la consellera de Justicia, Administración Pública, Reformas Democráticas y Libertades Públicas, por la que se crean las unidades de valoración forense integral de los institutos de Medicina Legal y Ciencias Forenses de la Comunitat Valenciana. [2019/1066]

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