art. 2 Ley 39/2015

El artículo 2 Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, regula el ámbito de aplicación de la ley. Es decir, indica quién está vinculado por la norma, diferenciando entre:

• Administraciones Públicas. Integran:
  • Administración General del Estado.
  • Administraciones de las Comunidades Autónomas.
  • Entidades que integran la Administración Local.
  • Organismos públicos y entidades de Derecho Público vinculadas a Administraciones Públicas o dependientes de ellas.
• Corporaciones de Derecho Público. Integran:
  • Entidades de derecho privado vinculadas o dependientes de las Administraciones Públicas, que se vinculan a la Ley 39/2015 cuando específicamente se refiera a ellas. En todo caso, les será de aplicación cuando ejerzan potestades administrativas.
  • Universidades públicas, que aunque se rigen por su normativa específica, la Ley 39/2015 les resulta de aplicación supletoria.

Tanto las Administraciones Públicas como las Corporaciones de Derecho Público integran el Sector Público.

INTRODUCCIÓN
El Plan Valenciano de Inclusión y Cohesión Social 2017-2022 (PVICS) es la
herramienta de ordenación y dirección estratégica de las acciones y medidas de
inclusión y cohesión social vinculadas al territorio. Una nueva gobernanza de las
políticas públicas con una visión integral y transversal, vinculada a los agentes
sociales y recursos del territorio de manera participativa y activa. Una oportunidad para
reducir los factores de desigualdad social y vulnerabilidad, promover la autonomía de
las personas y colectivos vulnerables desde la activación inclusiva y la vida
independiente, y promover la cohesión social a partir del fortalecimiento de los lazos
familiares y comunitarios, el sentimiento de pertenencia a la colectividad y el territorio.
El PVICS incorporará indicadores de evaluación y una comisión de seguimiento de la
ejecución y aplicación del Plan.

http://inclusio.gva.es/documents/610754/163655369/PVICS+Castella%CC%80%202017-05-04.pdf/7b481db2-ee97-4eb0-822a-b9016a7f3b71

PLAN VALENCIANO DE INCLUSIÓN Y COHESIÓN SOCIAL

• Plan Valenciano de Inclusión y Cohesión Social 2017 – 2022 
• Publicación DOGV Acuerdo del Consell por el que se aprueba el Plan valenciano de inclusión y cohesión social 2017-2022
• Evaluación Ex Ante Plan Valenciano de Inclusión y Cohesión Socia

Deberes de las personas usuarias de los servicios sociales.

https://www.boe.es/eli/es-vc/l/2019/02/18/3/con

1. Todas las personas usuarias de los servicios sociales tendrán los siguientes deberes:

a) Adoptar una conducta basada en el respeto de los derechos reconocidos en esta ley a las personas usuarias y profesionales que les atiendan, en la no discriminación y la colaboración.

b) Comprometerse a participar activamente en su propio proceso de mejora, autonomía personal e inclusión social colaborando con las personas profesionales de servicios sociales responsables de su atención, seguimiento y evaluación de la intervención.

c) Asumir y cumplir la responsabilidad que le corresponde en su propio proceso de intervención social, especialmente cuando este proceso implique a personas con menores de edad a su cargo.

d) Facilitar la información veraz y suficiente sobre sus circunstancias personales, familiares y económicas, que sea necesaria para el acceso a la prestación que corresponda, así como comunicar sin dilación las variaciones que se produzcan en las circunstancias mencionadas.

e) Asistir a las entrevistas con el personal de los equipos profesionales de servicios sociales y facilitar la visita a domicilio cuando sea necesario, así como realizar las actuaciones prescritas como parte de sus itinerarios en el proceso de intervención social.

f) Destinar las prestaciones recibidas a la finalidad para la que fueron concedidas.

g) Cumplir las normas, requisitos, condiciones y procedimientos para uso y disfrute de la prestación asignada.

h) Participar, en su caso, en el coste del servicio del que se trate, en los términos establecidos por la normativa aplicable.

i) Respetar los derechos reconocidos a las personas usuarias y a las personas profesionales en esta ley.

j) Cumplir con el reglamento de régimen interior del servicio. Respetar y utilizar adecuadamente las instalaciones.

k) Cumplir cuantos otros deberes se establezcan en esta ley y en su normativa de desarrollo.

2. Incumplir los deberes recogidos en este artículo y los señalados en los correspondientes reglamentos de régimen interior dará lugar a las medidas disciplinarias y sancionadoras pertinentes, independientemente de la acción administrativa, civil o penal que, si procede, puedan comportar, dentro de la normativa aplicable

Código Civil

1. La adopción requiere que el adoptante sea mayor de veinticinco años. Si son dos los adoptantes bastará con que uno de ellos haya alcanzado dicha edad. En todo caso, la diferencia de edad entre adoptante y adoptando será de, al menos, dieciséis años y no podrá ser superior a cuarenta y cinco años, salvo en los casos previstos en el artículo 176.2. Cuando fueran dos los adoptantes, será suficiente con que uno de ellos no tenga esa diferencia máxima de edad con el adoptando. Si los futuros adoptantes están en disposición de adoptar grupos de hermanos o menores con necesidades especiales, la diferencia máxima de edad podrá ser superior.

No pueden ser adoptantes los que no puedan ser tutores de acuerdo con lo previsto en este código.

2. Únicamente podrán ser adoptados los menores no emancipados. Por excepción, será posible la adopción de un mayor de edad o de un menor emancipado cuando, inmediatamente antes de la emancipación, hubiere existido una situación de acogimiento con los futuros adoptantes o de convivencia estable con ellos de, al menos, un año.

3. No puede adoptarse:

1. A un descendiente.
2. A un pariente en segundo grado de la línea colateral por consanguinidad o afinidad.
3. A un pupilo por su tutor hasta que haya sido aprobada definitivamente la cuenta general justificada de la tutela.

4. Nadie podrá ser adoptado por más de una persona, salvo que la adopción se realice conjunta o sucesivamente por ambos cónyuges o por una pareja unida por análoga relación de afectividad a la conyugal. El matrimonio celebrado con posterioridad a la adopción permitirá al cónyuge la adopción de los hijos de su consorte. Esta previsión será también de aplicación a las parejas que se constituyan con posterioridad. En caso de muerte del adoptante, o cuando el adoptante sufra la exclusión prevista en el artículo 179, será posible una nueva adopción del adoptado.

5. En caso de que el adoptando se encontrara en acogimiento permanente o guarda con fines de adopción de dos cónyuges o de una pareja unida por análoga relación de afectividad a la conyugal, la separación o divorcio legal o ruptura de la relación de los mismos que conste fehacientemente con anterioridad a la propuesta de adopción no impedirá que pueda promoverse la adopción conjunta siempre y cuando se acredite la convivencia efectiva del adoptando con ambos cónyuges o con la pareja unida por análoga relación de naturaleza análoga a la conyugal durante al menos dos años anteriores a la propuesta de adopción.

art 175 cc

Cuadernos de Trabajo Social

Nota sobre Vives y la Intervención Social – Revistas …

https://revistas.ucm.es ›

“La duda es la hermana bizca de la ciencia”, decía Ortega. Así, la investigación histórica nos ha llevado a mirar con un ojo el nacimiento de Juan Luis Vives en 1493 —según propone José María de Palacio—, en tanto que el otro lo seguimos teniendo puesto en la fecha tradicional de 1492. “No se preocupen por esto; con Erasmo dudamos en cuatro años”, me consolaba el profesor lovaniense lJsewijn. Incluso cabe encontrarle un lado bueno a la incertidumbre: disponemos de dos años para conmemorar los quinientos
del nacimiento —un 6 de marzo, en Valencia— de quien sería gran humanista.
La efemérides, como era de esperar, está siendo ocasión de algunas conmemoraciones. Entre ellas destacan las promovidas por entidades valencianas, Ayuntamiento capitalino, Canal 9, Generalidad y Universidad literaria (citadas por orden alfabético) han expresado su identificación con Vives mediante exposiciones, libros, reuniones científicas, videoprogramas.
Este esfuerzo institucional se está viendo acompañado por no pocas contribuciones particulares, tales como artículos en la prensa local. Según lo que sé, el resto de las evocaciones vivistas de carácter público han sido poca cosa. En todo caso llaman la atención algunos presuntos olvidos.
Parecen descuidadas las corporaciones científicas vinculadas a las varias disciplinas cultivadas por Vives (filología latina, filosofía, pedagogía, psicología…>. Cabria pensar que es deudor de Vives el Ministerio de Cultura, aunque solo fuera porque el valenciano, según nos recuerda Ortega, alumbró el término que identifica específicamente al mentado departamento.
Despistados andan hasta el momento los líderes, burócratas e ideólogos europeístas que no dan muestras de apreciar el “proyecto para Europa”, en palabras de Fontán, del gran humanista.
No incluyo en la nómina de los descuidados a quienes nos ocupamos de lo que fue el argumento de De
subventione pauperum porque algo, bien que no mucho, estamos haciendo; citaré algunas muestras. El Ministerio de Asuntos Sociales proveyó a una edición facsímil de la citada obra
de Vives, en tanto que su última versión castellana fue reeditada por Editorial Hacer. En sendos programas de reuniones sobre temas de política social organizadas, una, por Asociación Española de Educación Especial, otra, por la Junta de Castilla y de León y, otra, por la Fundación La Caixa y la
Escuela Universitaria de Trabajo Social de la Generalidad de Cataluña se incluyeron conferencias sobre la aportación social de nuestro autor. La revista profesional belga L’Observatoire y la española RSS acogieron en sus páginas artículos sobre lo mismo. El Real Patronato de Prevención y de Atención a Personas con Minusvalías ha promovido una investigación sobre la discapacidad en la vida y en la obra
de Juan Luis Vives.
El país de lo social se asienta en un territorio formado por mil islas temáticas, a la vez que sus habitantes
se agrupan en numerosas tribus gremiales. De este modo, la comunicación resulta difícil y es cosa segura que, en esta micronesia, las rememoraciones de Vives apenas habrán trascendido de los puntos y círculos en que se manifestaron. No será, pues, inoportuno aprovechar los meses restantes del bienio de su quinto centenario para ampliar lo que sea posible el programa de conmemoraciones. Por cierto que las mismas no han de ser necesariamente funerarias, supuesto que una gran parte de las aportaciones sociales del europeo de Valencia permanecen vivas. Mi participación en algunos de los eventos mencionados en el párrafo anterior me dio ocasión de recuperar las que seguidamente resumo.
Me parece que debo comenzar por la concepción, que Vives formula, de la pobreza como un problema social para el que cabe una respuesta también social. Recoge nuestro autor la visión teocéntrica de la menesterosidad como designio sobrenatural inescrutable y como signo de elección divina. Pero ello no le lleva a la resignación y a la pasividad; ni siquiera duda sobre la pertinencia de la acción.
Para la misma toma también de la tradición medieval el motivo de la caridad, así como el argumento del cuerpo místico; pero aduce igualmente el fundamento de la solidaridad natural, si vale la expresión. Vives argumenta que nuestra naturaleza humana nos hace interdependientes, de modo que resulta igualmente natural la ayuda recíproca. Además, cuando aborda la cuestión de qué debería hacer la ciudad de Brujas frente a la pobreza, dejando a un lado la concepción teológica de la misma, focaliza sus manifestaciones observables, a la vez que analiza sus circunstancias inmanentes, terrenales. El punto de partida inmediato de las propuestas que ofrece
en su tratado es la consideración de la
pobreza como un hecho indeseable,
dependiente de factores sociales reconocibles, abordables mediante la intervención social, para la que existe un fundamento también social.
Me voy a referir ahora al salto prodigioso de Vives en cuanto al objetivo de la respuesta ante la pobreza.
Tanto los paniculares como las entidades —especialmente las eclesiásticas— venían socorriendo eventualmente a los menesterosos mediante
diversas fórmulas de mantenimiento
m¡nimo. La limosna ambulatoria y el asilamiento eran los medios más conocidos para nosotros, pero no deben olvidarse el auxilio domiciliario y las adopciones. En el tiempo de Vives, las
autoridades de algunas ciudades, siguiendo las propuestas de Lutero y
Zuinglio o coincidiendo con ellas, adoptan medidas que pretenderían racionalizar la asistencia a los pobres,
pero no se apartan del tradicional objetivo de mero sostenimiento —en el
mejor de los casos, por lo que más
adelante diré—. Vives propone también racionalizar el mantenimiento pero referido solamente a los individuos
irrecuperables. En cambio, para la
mayoría de los demandantes de ayuda, el principio de racionalización de la
misma la llevaría hacia la rehabilitación social mediante la capacitación y
la inserción laboral de gente pordiosera y vagabunda. He aquí la concepción moderna y burguesa de acción frente a la pobreza y la marginalidad.
La tercera propuesta innovadora
de Vives en el frente social es de carácter político: atribuye a las autoridades civiles una competencia positiva en materia de pobreza. Dentro de la
Cristiandad medieval, la Iglesia Católica había asumido la función pública
de atender a los menesterosos. Al final de la Edad Media y, desde luego,
coetaneamente a Vives, las autoridades seculares de algunos reinos y ciudades adoptaron medidas frente a la inquietante marea de gente que presionaba —mendigando, pillando o promoviendo la revolución social— sobre
la propiedad ajena. También aquí encontramos, como nos recuerda García
Noreña, el correlato ideológico en algunos filósofos que propugnan la intervención estatal desbordando la primacía eclesiástica. Pero entiéndase
que esta nueva intervención pública
tenia un signo represivo. Ante la amenaza que lleva consigo la marginalidad, la sociedad central inculpa a sus protagonistas de los que será defendida por el titular del poder político.
Frente a este papel judicial y policiaco
del estado gendarme, Vives propugna
un intervencionismo de la autoridad civil orientado a garantizar el cumplimiento de su plan regenerador. La Iglesia cedería así su posición en el area, a la vez que el genuino estado de servicios emergería encarnado en los magistrados brugenses. Nuestro reformista les aconseja que actúen de
modo riguroso y aun autoritario para
asegurar el buen resultado de su plan,
pero se aparta de la tradición que criminaliza a los marginales.
Voy a recordar, finalmente, que
Vives anticipó el método racional de
intervención social. El modus operandi
que propone es prácticamente el mismo que actualmente se preconiza en
las diferentes artes sociales aplicadas.
Para el trabajo social, por ejemplo, se
ha llegado a publicar en nuestro país
un método básico. El plan de nuestro
pionero comienza con una investigación empirica de la situación. Sigue,
después, un examen de casos y recursos que aboca a la racionalización
de estos y a programas individualizados de recuperación o de asistencia.
A continuación se ejecutaría lo programado con el oportuno apoyo. Incluso
cabe asimilar algunas acciones censoras previstas por Vives con el momento de control y evaluación, que viene a cerrar la acción social planificada.

Bibliografía
FEEISS: Método básico del trabajo social, Madrid, Euramérica. 1973.
FONTAN. A.: Juan Luis Vives (1492-1540). Humanista. Filosofo. Político. Ayuntantento de
Valencia. 1 992.
GARCÉS FERRER. J.: Del socorro de pobres”, en RSS, noviembre de 1992.
GARCíA NOREÑA. Cx Juan tuis Vives y/as enloctones, Ayuntamiento de Valencia. 1992.
LOPEZ, M. Li’ ½ves.unphdcsophe de la Rena,ssance, a la mesure des sn/eux soclaux
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ORTEGA Y GASSET. J.:”Luis Vives y su mundo”, en Vives-Goethe. Madrid. Revista de Occidenle. 1973.
PINTA LLORENTE. M. de la y PALACIO Y DE PALACIO. J. M. de: Procesos inquisitoriales
contra la familia judía de Juan Luis Vives.
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humanista, Consejo superior de Investigaciones Cientilicas, Instituto B. Arias Montano. Ma.
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PillO DE LA RELLACASA, R.: La discapacidad y
fa rehabilitación en Juan Luis Vives. Madrid,
Real Patronato de Prevención y de Atencián e
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VIVES, J. Lx Tratado de! socorro de los pobres
tcon estudio preliminar de Pedro Carasa
Sanz), Ministerio de Asuntos Sociales, 1991.
VIVES, 1. L.: Del socorro de los pobres (con mIroducciári de Demetrio Casado), Harcelona, Editonal Hacer, 1992.

Demetrio CASADO

Ley 26/2015, de 28 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia.

Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, de modificación parcial del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

ARTICULO 2

1. Todo menor tiene derecho a que su interés superior sea valorado y considerado como primordial en todas las acciones y decisiones que le conciernan, tanto en el ámbito público como privado. En la aplicación de la presente ley y demás normas que le afecten, así como en las medidas concernientes a los menores que adopten las instituciones, públicas o privadas, los Tribunales, o los órganos legislativos primará el interés superior de los mismos sobre cualquier otro interés legítimo que pudiera concurrir.

Las limitaciones a la capacidad de obrar de los menores se interpretarán de forma restrictiva y, en todo caso, siempre en el interés superior del menor.

2. A efectos de la interpretación y aplicación en cada caso del interés superior del menor, se tendrán en cuenta los siguientes criterios generales, sin perjuicio de los establecidos en la legislación específica aplicable, así como de aquellos otros que puedan estimarse adecuados atendiendo a las circunstancias concretas del supuesto:

a) La protección del derecho a la vida, supervivencia y desarrollo del menor y la satisfacción de sus necesidades básicas, tanto materiales, físicas y educativas como emocionales y afectivas.

b) La consideración de los deseos, sentimientos y opiniones del menor, así como su derecho a participar progresivamente, en función de su edad, madurez, desarrollo y evolución personal, en el proceso de determinación de su interés superior.

c) La conveniencia de que su vida y desarrollo tenga lugar en un entorno familiar adecuado y libre de violencia. Se priorizará la permanencia en su familia de origen y se preservará el mantenimiento de sus relaciones familiares, siempre que sea posible y positivo para el menor. En caso de acordarse una medida de protección, se priorizará el acogimiento familiar frente al residencial. Cuando el menor hubiera sido separado de su núcleo familiar, se valorarán las posibilidades y conveniencia de su retorno, teniendo en cuenta la evolución de la familia desde que se adoptó la medida protectora y primando siempre el interés y las necesidades del menor sobre las de la familia.

d) La preservación de la identidad, cultura, religión, convicciones, orientación e identidad sexual o idioma del menor, así como la no discriminación del mismo por éstas o cualesquiera otras condiciones, incluida la discapacidad, garantizando el desarrollo armónico de su personalidad.

3. Estos criterios se ponderarán teniendo en cuenta los siguientes elementos generales:

a) La edad y madurez del menor.

b) La necesidad de garantizar su igualdad y no discriminación por su especial vulnerabilidad, ya sea por la carencia de entorno familiar, sufrir maltrato, su discapacidad, su orientación e identidad sexual, su condición de refugiado, solicitante de asilo o protección subsidiaria, su pertenencia a una minoría étnica, o cualquier otra característica o circunstancia relevante.

c) El irreversible efecto del transcurso del tiempo en su desarrollo.

d) La necesidad de estabilidad de las soluciones que se adopten para promover la efectiva integración y desarrollo del menor en la sociedad, así como de minimizar los riesgos que cualquier cambio de situación material o emocional pueda ocasionar en su personalidad y desarrollo futuro.

e) La preparación del tránsito a la edad adulta e independiente, de acuerdo con sus capacidades y circunstancias personales.

f) Aquellos otros elementos de ponderación que, en el supuesto concreto, sean considerados pertinentes y respeten los derechos de los menores.

Los anteriores elementos deberán ser valorados conjuntamente, conforme a los principios de necesidad y proporcionalidad, de forma que la medida que se adopte en el interés superior del menor no restrinja o limite más derechos que los que ampara.

4. En caso de concurrir cualquier otro interés legítimo junto al interés superior del menor deberán priorizarse las medidas que, respondiendo a este interés, respeten también los otros intereses legítimos presentes.

En caso de que no puedan respetarse todos los intereses legítimos concurrentes, deberá primar el interés superior del menor sobre cualquier otro interés legítimo que pudiera concurrir.

Las decisiones y medidas adoptadas en interés superior del menor deberán valorar en todo caso los derechos fundamentales de otras personas que pudieran verse afectados.

5. Toda medida en el interés superior del menor deberá ser adoptada respetando las debidas garantías del proceso y, en particular:

a) Los derechos del menor a ser informado, oído y escuchado, y a participar en el proceso de acuerdo con la normativa vigente.

b) La intervención en el proceso de profesionales cualificados o expertos. En caso necesario, estos profesionales han de contar con la formación suficiente para determinar las específicas necesidades de los niños con discapacidad. En las decisiones especialmente relevantes que afecten al menor se contará con el informe colegiado de un grupo técnico y multidisciplinar especializado en los ámbitos adecuados.

c) La participación de progenitores, tutores o representantes legales del menor o de un defensor judicial si hubiera conflicto o discrepancia con ellos y del Ministerio Fiscal en el proceso en defensa de sus intereses.

d) La adopción de una decisión que incluya en su motivación los criterios utilizados, los elementos aplicados al ponderar los criterios entre sí y con otros intereses presentes y futuros, y las garantías procesales respetadas.

e) La existencia de recursos que permitan revisar la decisión adoptada que no haya considerado el interés superior del menor como primordial o en el caso en que el propio desarrollo del menor o cambios significativos en las circunstancias que motivaron dicha decisión hagan necesario revisarla. Los menores gozarán del derecho a la asistencia jurídica gratuita en los casos legalmente previstos.

¿Qué son las Oficinas de la Generalitat de Asistencia a las Víctimas del Delito?
Las oficinas se configuran como unidades especializadas que prestan un servicio multidisciplinar, público y gratuito.
Su finalidad es la de prestar información, asistencia y/o atención coordinada para dar respuesta a las necesidades de las víctimas de delitos, testigos y personas en situación de riesgo en los ámbitos jurídico, psicológico, y social, así como promover las medidas de justicia restaurativa que sean pertinentes, con el fin último de minimizar la victimización primaria y evitar la secundaria.
Pretenden centralizar y hacer más fácilmente accesibles no solo los recursos para la protección y seguridad, sino también proporcionar una asistencia integral, individualizada, especializada a las víctimas, que debe coordinarse con todos los servicios competentes en atención a las víctimas, especialmente con los órganos jurisdiccionales, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y servicios sociales.
Asimismo, actúan como puntos de acceso coordinador o ventanilla única para optimizar la asistencia a las víctimas de delitos.
Además, las oficinas situadas en las capitales de provincia son los Puntos de Coordinación de las Órdenes de Protección de las víctimas de violencia doméstica y de género que se dicten por los órganos judiciales en el ámbito territorial de la Comunitat Valenciana.
Por otra parte, y dentro del ámbito asistencial que, en la Comunitat Valenciana prestan las oficinas, actuarán en el marco de lo previsto en la Ley 52/2007, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución y violencia durante la guerra civil y la dictadura, como Oficinas para las Víctimas de la Guerra Civil y de la Dictadura, incluyendo entre sus funciones las relativas a facilitar a los particulares la información necesaria para el ejercicio de sus
derechos, a la difusión de las actuaciones realizadas y de ayuda a la coordinación de los órganos con competencias en esta materia.
Y por último, conforme a la Directiva europea sobre indemnización a las víctimas de delitos, las oficinas son la autoridad de asistencia de las víctimas de delitos en situaciones transfronterizas, en los casos en que el delito se cometa en un Estado miembro de la Unión Europea distinto a España y la víctima tenga su residencia habitual en España, actuando conforme a lo establecido en Reglamento
de ayudas a las víctimas de delitos violentos y contra la libertad sexual.

Artículo 15 del Real Decreto 1109/2015, de 11 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley 4/2015, de 27 de abril, del Estatuto de la víctima del Delito. Artículo 3 del Decreto 165/2016, 4 de noviembre, del Consell.
Artículo 12 Real Decreto 1109/2015, de 11 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley 4/2015, de 27 de abril, del Estatuto de la víctima del Delito.

Directiva 2004/80/CE del Consejo, de 29 de abril de 2004, sobre indemnización a las víctimas de delitos.
Real Decreto 738/1997, de 23 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de ayudas a las víctimas de delitos violentos y contra la libertad sexual.
Artículo 24 Real Decreto 1109/2015, de 11 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley 4/2015, de 27 de abril, del Estatuto de la víctima del Delito.

http://oficinavictimas.gva.es/documents/164369908/167553316/20180201_Protocolo+Gral+OAVD.pdf/4f0702c4-dd43-41e1-9fa8-45294b6d5346

Buenas prácticas y estándares de calidad (EQUAR) en el acogimiento residencial
Al igual que sucede con la mayoría de los conceptos tratados en este trabajo, en
cuanto a la definición de “buenas prácticas”, tampoco hay un consenso sobre la misma. Su origen se encuentra en el ámbito empresarial, extendiéndose a todo tipo de contextos. De forma generalizada, se las escribe como una actuación basada en una metodología apropiada para conseguir de forma óptima los objetivos propuestos, demostrando su eficacia y utilidad en un contexto determinado.
En esta tesis, la definición que adoptaremos será la que lleva a cabo la Confederación
Española de Organizaciones en favor de las Personas con Discapacidad Intelectual o del
Desarrollo (FEAPS) (2015), al definirla como:
Una acción o conjunto de acciones que, fruto de la identificación de una necesidad,
son sistemáticas, eficaces, eficientes, sostenibles, flexibles, y están pensadas y
realizadas por los miembros de una organización con el apoyo de sus órganos de
dirección, y que, además de satisfacer las necesidades y expectativas de sus clientes,
suponen una mejora evidente de los estándares del servicio, siempre de acuerdo con
los criterios éticos y técnicos de FEAPS y alineadas con su misión, su visión y sus
valores. Estas buenas prácticas deben estar documentadas para servir de referente a
otros y facilitar la mejora de sus procesos. (23)
De acuerdo con la UNESCO, consideramos que una buena práctica debe ser:
innovadora, al desarrollar soluciones nuevas o creativas; efectiva, demostrando un impacto positivo y tangible sobre la mejora; sostenible, por sus exigencias sociales, económicas y medioambientales, para poder mantenerse en el tiempo y producir efectos duraderos;

Aproximación al servicio de acogimiento residencial, en la Comunidad Valenciana: Estudio comparado de la situación actual y perspectiva de futuro

https://roderic.uv.es/handle/10550/62926